Las mujeres mayores. El
derecho a vivir con dignidad
Esmeralda Arosemena de Troitiño*
Para alcanzar la igualdad en una sociedad democrática es importante
el acceso fácil, integral, oportuno y sin discriminación a todos los
servicios públicos, incluyendo la justicia, en todas las edades y en
los sectores más vulnerables.
Por ello nuestro país cuenta con un ordenamiento jurídico vinculante
y vigente que permite hacer efectivo el derecho a la No
discriminación, supuesto básico para una igualdad real –no solo
formalmente reconocida en la ley, sino aplicable en todas las
actividades de la vida como derecho humano: inalienable, indivisible
e integral.
Para la vida económica del país hay dos grandes bloques
generacionales no siempre atendidos en su dignidad, por un lado la
infancia y, por otro, las personas adultas mayores; éstas se
encuentran identificadas culturalmente con denominaciones peyorativas
o simplemente discriminatorias y excluyentes (los y las "menores" y
los y las viejas o ancianas), a las primeras se les considera menos
que los adultos, a las segundas, por estar cargadas de años, pierden
vigencia en la vida activa económica, social y cultural. Ambos
extremos constituyen en nuestras sociedades y economías el grupo de
población calificado como dependientes y/o "no económicamente
activa"; esta sola caracterización les coloca en una posición de
exclusión y de poca valoración, proyectando una imagen de "carga" y
de gastos sociales, por sus requerimientos de atención especializada
de parte de sus familiares, en los servicios públicos de salud,
medicina, educación, trabajo, etc., con resultados en una doble o
tres veces mayor discriminación, desigualdad e inequidad.
La realidad de hoy, con el aumento de la expectativa de vida, el
compromiso en los objetivos del milenio, particularmente en el tema
de mortalidad infantil y materna, exige dar calidad de vida tanto a
la niñez que supera los cinco años, como a las mujeres adultas que
alcanzan más de los 75 años, ante la no satisfacción de sus derechos
humanos básicos.
Llama la atención que el propio movimiento de mujeres no haya
colocado el tema con la frecuencia necesaria ni con la importancia
que requiere para el ámbito judicial. Su visibilización es casi nula
en su condición de víctima o como demandante de derechos y que no se
agotan en el ámbito familiar.
Se hace necesario un trabajo a nivel de captación de datos y su
adecuado procesamiento de forma que permita medir o evaluar la
situación socio - jurídica de este grupo de la población femenina.
Igualmente se requiere reforzar los servicios de orientación y
asistencia legal que logre hacer menos crítica las rutas de acceso a
la justicia.
Muchas mujeres mayores estarán expuestas a la mala nutrición,
condiciones de trabajo peligrosas, violencia doméstica y enfermedades
relacionadas con sus estilos de vida, los riesgos posteriores a la
menopausia, aumentando las posibilidades de cáncer de mama, cervical
y osteoporosis. La mujer mayor también tiene que enfrentar el
abandono, la pobreza, la soledad y la alienación de sus familias.
Muchas veces creemos que es la seguridad social la que debe dar las
respuestas, sin embargo, en América Latina, ésta tiene cobertura
limitada y en muchos casos solo protege a los sectores asalariados
urbanos, sin alcanzar a la trabajadora rural, al sector informal,
desempleadas y subempleadas, con porcentajes de cobertura muy
variables entre los distintos estratos socioeconómicos de cada país.
En la actualidad los beneficios no alcanzan a la población de mayor
de edad, a pesar de que los sistemas de seguridad social ponen el
acento en la redistribución del ingreso y en la equidad; con
frecuencia las pensiones son insuficientes para mantener a las
beneficiarias fuera del nivel de pobreza y menos probable que pueda
obtener por derecho propio los beneficios de los sistemas de
pensiones, viéndose obligadas a convivir con sus hijos o familiares,
ya sea por dependencia económica o por deterioro de su salud.
La mujer adulta mayor se encuentra en una situación doblemente
vulnerable debido a su condición económica desfavorable y a su
soledad.
¿Cómo las personas mayores enfrentan sus necesidades básicas? Frente
a la incertidumbre, y el papel de la seguridad social, son temas que
necesitan ser investigados para orientar la concepción de políticas
que mejoren las condiciones de vida de las personas de edad avanzada
y garanticen sus derechos.
Es importante identificar los indicadores para ponderar la calidad de
vida de estas personas (discapacidad, actividades cotidianas
fundamentales, actividad económica o grado de analfabetismo), junto
con otros aspectos que guíen el desarrollo de las políticas públicas.
Es escasa la información sobre el porcentaje de la población adulta
mayor que puede necesitar ayuda para llevar a cabo las actividades de
la vida diaria o para el reclamo de sus derechos. Aunque, es sabido
que el porcentaje de discapacidad y enfermedades se incrementa con la
longevidad de la población.
Este peso y costo tiende a recaer en la familia, espacio donde no
pocas veces se violentan sus derechos. No se trata únicamente del
costo material por enfermedad o de necesidades especiales, sino
también por la carga emocional y las desventajas socioeconómicas que
repercuten en la calidad de vida de las personas adultas mayores y de
su entorno familiar y social, grupo social que ya aportó al
desarrollo del país, y en el que podemos hacer presente la
solidaridad humana y la justicia.
*La
autora es magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
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Fonte:
Diario La Prensa, Panamá, 8/03/2007.
Editado por RLG, em
23/03/2007.
http://gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idinfo=830